En 1975, el economista Isaac Ehrlich sacudió las bases de la criminología moderna con un estudio que afirmaba que cada ejecución preventiva evitaba al menos 8 homicidios. Publicado en la prestigiosa American Economic Review, su trabajo aplicaba modelos econométricos para defender la pena capital como herramienta disuasoria. Casi 50 años después, sus conclusiones siguen dividiendo a académicos, juristas y políticos. ¿Fue realmente un hallazgo científico o un instrumento para justificar políticas represivas?
El núcleo de la polémica está en su metodología. Ehrlich analizó datos de EE.UU. entre 1933 y 1969, estableciendo una correlación estadística entre el aumento de ejecuciones y la reducción de homicidios. Sin embargo, críticos como James Heckman (Premio Nobel de Economía) señalaron graves fallas: ignoró variables clave como el desempleo, la desigualdad y el acceso a armas. Peor aún, cuando otros investigadores replicaron su modelo con datos actualizados, los resultados se desmoronaron.
La ironía es que Ehrlich era discípulo de Gary Becker, el padre de la teoría del "costo del delito". Mientras Becker argumentaba que los criminales actúan por incentivos racionales (mayores penas = menos delitos), Ehrlich llevó esta lógica al extremo: si la muerte es el costo máximo, debería ser la disuasión definitiva. Su estudio se convirtió en arma política. Durante los 80, gobiernos conservadores lo usaron para defender leyes más duras, pese a que la evidencia empírica mostraba resultados contradictorios.
¿Qué dicen los datos para Colombia? En 2023, el país registró una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un 85% de impunidad según la Fiscalía. Si aplicáramos el modelo de Ehrlich, necesitaríamos ejecutar a cientos de criminales al año para ver algún efecto. Pero el verdadero debate no es matemático, sino ético: ¿vale la pena imitar políticas fallidas que sacrifican derechos humanos en nombre de la seguridad?
¿Crees que el aumento de penas disminuye el delito?
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