El crimen, un fenómeno complejo y multifacético, ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas, siendo una de las más influyentes la economía del delito, que aplica principios económicos para analizar las decisiones criminales.
En este contexto, resulta fundamental explorar las ideas seminales de Gary Becker e Isaac Ehrlich, dos figuras pioneras en este campo, y cómo sus teorías resuenan, o difieren, con las controvertidas políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador, con posibles implicaciones para la realidad Latinoamericana.
Gary Becker, en su trabajo revolucionario de 1968, transformó la comprensión del crimen al considerarlo una decisión fundamentalmente racional, donde los individuos sopesan meticulosamente los costos y beneficios inherentes a la comisión de un acto delictivo. Dentro de este cálculo, los costos se manifiestan en la probabilidad de ser aprehendido por las autoridades y la severidad del castigo impuesto, mientras que los beneficios pueden abarcar desde ganancias puramente económicas hasta satisfacciones de índole psicológica.
El núcleo del enfoque de Becker radica en la noción de disuasión, postulando que un aumento tanto en la probabilidad de captura como en la dureza de las penas debería traducirse en una reducción significativa de la actividad criminal.
Profundizando en el análisis de Becker, Isaac Ehrlich, en 1975, enfatizó la trascendencia de las variables socioeconómicas en la génesis del comportamiento delictivo. Ehrlich argumentó que factores como el desempleo generalizado, la marcada desigualdad económica y la escasez de oportunidades legítimas ejercen una influencia considerable en las decisiones de los individuos de involucrarse en actividades criminales. Su trabajo, por lo tanto, subraya la imperiosa necesidad de implementar políticas públicas que aborden de manera integral las causas subyacentes del crimen, complementando las medidas de disuasión tradicionales.
En contraposición, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha implementado una enérgica "guerra contra las pandillas" caracterizada por detenciones masivas de presuntos miembros de pandillas, la construcción de megacárceles de alta seguridad destinadas a albergar a estos detenidos, el endurecimiento generalizado de las penas judiciales y la controvertida suspensión de derechos constitucionales, medidas que han suscitado un intenso debate sobre su impacto en las libertades civiles fundamentales.
Al analizar las políticas de Bukele a la luz de las teorías de Becker y Ehrlich, se observa una clara alineación con la idea beckeriana de disuasión, a través del aumento drástico en la probabilidad de captura y la imposición de castigos severos. Sin embargo, la efectividad a largo plazo de esta estrategia, desprovista de un abordaje de las raíces socioeconómicas del crimen señaladas por Ehrlich, resulta un punto de considerable debate. La ausencia de programas robustos de reinserción social y de iniciativas de prevención del delito podría, potencialmente, perpetuar un ciclo de violencia arraigado en la falta de oportunidades y la desigualdad. Si bien las políticas de Bukele han logrado una reducción drástica en las tasas de homicidio en El Salvador, los costos sociales y económicos asociados son significativos, incluyendo la suspensión de derechos fundamentales, la alarmante sobrepoblación carcelaria y las serias acusaciones de posibles violaciones de derechos humanos.
Ahora bien, la sostenibilidad a largo plazo de las megacárceles y las detenciones masivas, con sus inherentes costos económicos, y el imperativo de respetar los derechos humanos en cualquier política de seguridad, son consideraciones ineludibles. En este sentido, las teorías de Becker y Ehrlich proporcionan un marco analítico valioso para evaluar las políticas de seguridad. Si bien la disuasión juega un papel importante, abordar las causas profundas del crimen y mantener un irrestricto respeto por los derechos humanos se erigen como pilares fundamentales para la consecución de una seguridad duradera y sostenible. El modelo implementado por Bukele, aunque con logros notables a corto plazo, genera importantes interrogantes sobre su sostenibilidad y sus costos sociales, lo que obliga a otros países de la región a extraer lecciones valiosas y a desarrollar políticas de seguridad integrales que armonicen la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles.
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